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Laboratorios públicos reducen pruebas rutinarias por falta de reactivos



Las deficiencias en el suministro de reactivos es insumos es el principal problema que enfrentan los laboratorios de tres hospitales de Caracas, situación que se ha mantenido desde el año pasado hasta la actualidad y cuyo panorama no parece mejorar.


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En el Hospital de Coche, entre julio y septiembre tuvieron que lidiar, además con la falta de aire acondicionados, lo que les impidió procesar las pruebas químicas, mientras que el suministro de reactivos e insumos continúan. La situación es similar en Hospital Clínico Universitario de Caracas y su servicio ha desmejorado desde noviembre del año pasado ya que la máquina necesaria para las pruebas químicas está dañada y el abastecimiento de insumos para las hematologías es insuficiente.



En el Hospital José María Vargas siempre falta algo, a veces son los guantes, otras los tubos de ensayo, los tapabocas o las inyectadoras; no hay un abastecimiento periódico. En noviembre de 2017 no hay reactivos para verificar la glicemia y hacer pruebas de TPT, reseñó El Nacional.


Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, dijo al medio que el surtido de materiales y el mantenimiento de los laboratorios hospitalarios es deficiente. Explicó que incluso se ha reducido la capacidad para realizar pruebas rutinarias, como es el caso de la determinación de la urea o una hematología.


Hospitales del Ministerio de Salud, centros del Seguro Social y laboratorios privados dependen de las importadoras privadas y públicas para abastecerse, debido a que 90% de los reactivos que hay en el país provienen del exterior.



En este sentido, Rafael Méndez, presidente de la Asociación Venezolana de Importadores y Distribuidores de Equipos de Laboratorios y Afines (Asodilab), precisó que el Gobierno adeuda desde 2012 a sus proveedores 55 millones de dólares. “La situación es tan crítica que muchos han eliminado las líneas de crédito y cesaron sus despachos a Venezuela. Otros ven la situación a largo plazo y nos dicen que si se les paga la deuda nos despachan”, añadió.


La deuda se acumuló desde marzo de 2012. Ya en junio de 2015 el impago del Estado a los proveedores era de $28.39 millones. Méndez explicó que en esa última fecha se reunieron con la Vicepresidencia. Les dijeron que no podían liquidarles ese monto. Les propusieron que convencieran a sus surtidores de que les vendieran más mercancía a crédito y les garantizaron que todos los despachos a partir de esa conversación hacia adelante serían cancelados sin demora. Esto no ocurrió, el compromiso se incrementó a $38.53 millones más, que suman $67.6 millones.


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